Restricciones en las prestaciones médicas en MUFACE

Ante la incapacidad que muestra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas de hacer frente a la cada vez más desmedida voracidad de las aseguradoras, y con el objetivo de mantener las prestaciones médicas de las empleadas y empleados públicos adscritos a la mutualidad, FSC-CCOO exige a Muface que los mutualistas puedan cambiar de entidad en cualquier momento y no sólo durante el mes de enero. Con ello se pretende que las compañías no continúen restringiendo los servicios y dejen al personal público sin cobertura sanitaria.  

Los recortes están incidiendo gravemente a la prestación sanitaria de MUFACE debido a la disminución de la cuantía que destina el Ministerio de Hacienda a la cartera de conciertos sanitarios de MUFACE. Esto se une a la voracidad de las aseguradoras, que están viendo cómo su margen de beneficio merma debido al mayor número de personas jubiladas —se han incrementado un 13% en los últimos ejercicios— que requieren más atención médica, mientras que la ausencia de ofertas de empleo por la congelación de plantillas llevan a la casi nula incorporación de personal joven en la Administración.

Actualmente Muface presta atención sanitaria a un millón y medio de personas, de las que casi un millón son titulares y las otras 500.000 beneficiarias, fundamentalmente hijos e hijas de los mutualistas. Del millón de titulares actuales, en torno a 200.000 son atendidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el resto, 800.000 personas, por las cuatro compañías privadas que prestan el concierto: Asisa, Adeslas, DKV y el Igualatorio Medico Quirúrgico de Cantabria.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO denuncia que las aseguradoras llevan años diferenciando los servicios que prestan a los mutualistas respecto a la cartera que ofrecen como aseguradora privada, menoscabando año a año la asistencia de los mutualistas que han visto este año cómo el recorte se produce en hospitales de referencia y en prestaciones de gran impacto, con una atención casi residual fuera de las grandes capitales. Todo esto está creando una enorme confusión y desesperación entre los mutualistas, penalizando a las personas y transfiriéndoles directamente las mermas del lucro que esperaban obtener por la prestación.

“El derecho de asistencia sanitaria está reconocido por la Constitución y la Administración tiene la obligación de velar por que toda la ciudadanía tenga acceso a la sanidad en condiciones adecuadas y no estar bajo el criterio que apliquen en cada momento las empresas aseguradoras privadas que suscriben el convenio con Muface”, concluye FSC-CCOO.

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